LA CIG PRETENDE QUE MIREMOS PARA OTRO LADO
O CALLEMOS CUANDO PRETENDEN ABUSAR DE SU PODER
A esas reuniones previas por parte de la CIG acudieron la presidenta el comité Silvia Muiño y el ex-secretario Jorge Amarante. La vinculación de este último con el concello cesó en semanas pasadas cuando terminó contrato. Él y otros compañeros del Grumir, legitimamente han interpuesto una demanda por entender que se trata de un despido improcedente, lo que motiva que desde la CIG se insista en que el continue en su puesto como secretario.
Desde UGT tras consultar con nuestros servicios jurídicos se nos ha indicado que ahora mismo no podría participar en las reuniones del comité por no tener vinculación laboral y que la solución para que pudiese continuar ejerciendo sus funciones sería que se dirigiese al juzgado donde ha interpuesto la demanda para que el juez dicte una medida cautelar (en la que se establezca que mientras no hay una sentencia al respecto él sigue formando parte del comité de empresa).
Con esta diferencia de criterios se celebraron varias reuniones de la comísión ejecutiva en las que la CIG insistió en llevar a Jorge Amarante en funciones de secretario. En esas reuniones nuestro delegado José Angel Montes le expuso cual es el criterio de UGT, permitiendo que estuviese presente en las reuniones, algo que con toda seguridad no habría permitido la CIG de ser la situación contraria.
Sin embargo, desde la presidencia en esas reuniones se optó por consultar cualquier cuestión con el ex-secretario, pese a que desde UGT le indicamos que no nos parecía correcto, que las consultas debía efectuarlas al terminar la reunión. Las advertencias de UGT cayeron en saco roto, algo que motivó que nuestro delegado abandonase la reunión, pues una cosa es permitir que este presente y otra que se le consulte reiteradamente cuestiones a lo largo de la misma. Hay que recordar que la CIG impidió a un delegado de UGT, José Luis Sobrino, participar en una asamblea simplemente como oyente, (sin voz, ni voto) cuando ya tenían en su mano la dimisión del anterior delegado, por lo que él sería quien lo sustituyese en la semana siguiente. Por eso desde UGT entendemos que no se puede aplicar un criterio u otro según de quien se trate.
Desde la CIG llegaron a proponer que Jorge pudiese participar como asesor en las asambleas, lo que implica que estarían reconociendo en el fondo que la participación de Jorge en el comité no sería del todo legal. Algo que se ratifica con otros datos, el Ayuntamiento no lo ha convocado para ningún organismo o reunión en los que tenían que estar presentes los miembros del comité de empresa y la CIG no ha interpuesto ninguna reclamación o demanda (algo poco habitual en su proceder, sobre todo si creen que los asiste la razón).
El día 19 comenzó la asamblea leyéndose el acta anterior, como en otras ocasiones, sin darnos una copia previamente para poder llevarla leída con anterioridad, ni tampoco una copia al final de la lectura de la misma.
Tras la lectura preguntamos quien iba a ejercer de secretario en esa reunión, indicándose que seria Marcos Dópico, pues Jorge no había podido asistir. Empezó entonces el debate sobre la posibilidad de que Jorge participe en el comité mientras no se resuelve su situación (que presente la medida cautelar antes citada, o que tenga una sentencia positiva a su favor).
Desde la CIG siguieron con su postura y en UGT mantuvimos nuestro criterio, aunciando ellos que Jorge iba a seguir siendo convocado. Esto motivo que los 3 delegados que a día de hoy seguimos vinculados a UGT nos levantásemos y abandonásemos la reunión, pues no entendemos que se utilice la legalidad a capricho del sindicato mayoritario, y que lo que para unos son normas estrictas para otros es laxitud.
Sobre la mesa quedo un tema importante el de las ayudas sociales, que ellos aprobaron sin tener en cuenta nuestras aportaciones. El texto presentado por la CIG presenta avances interesantes, pero muchos defectos a su vez, como incluir a jubilados o pensionistas entre los beneficiarios. Penar o castigar a los hijos de parejas separadas o divorciadas con ayudas tan solo del 80%, algo ilógico e incluso inconstitucional. O una tabla progresiva con máximos de percepción con unos baremos que desconocemos de donde los han sacado, pero con los cuales dificilmente alguién cobrará el 100% de la ayuda solicitada, incluso cobrando 420 € netos y con cargas familiares.
La actitud intolerante de la CIG motivó que abandonaramos ese día la asamblea, aún así desde UGT seguiremos negociando estos y otros temas, aportando propuestas cuando se nos solicite como ocurrió recientemente con las ayudas sociales del 2011, y buscando el bien común de los compañeros.
Lo que no estamos dispuestos es a que desde el otro lado se nos quiera hacer callar, intentando por todos los medios que veamos lo que sucede bajo el prisma totalitario, sectario y demagógico del que hacen gala los delegados de la CIG.
A ignorancia, fai errar os inimigos, o que debe primar sempre e a defensa dos dereitos dos trabalaldores estea quen estea no goberno, neste caso o inimigo creo que non son o resto de sindicatos, salvo que se teñan debedas con quen goberna. Unha pena que coa que está a caer se perdan esforzos en atacar a representantes dos traballadores, na contra de defender os dereitos de estes, o dito unha pena. agardo que o poñades "tras a probación" amosando o teu sentido democrático.
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