La
Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha presentado su
decálogo sindical ante el anteproyecto
de ley de racionalización de la Administración Local.
Este decálogo pretende ser un muro de contención contra una
medida que prácticamente vacía de servicios a los ayuntamientos.
La FSP-UGT prevé que esta norma puede traer una pérdida del 60%
del empleo de las entidades locales, unos 300.000 puestos de
trabajo.
Mª Carmen
Barrera, secretaria de Acción sindical, y Joana Mor Biosca, secretaria
de Local, autonómica y servicios a la comunidad, han presentado un
decálogo sindical con el objetivo de promover, con las CCAA y los
ayuntamiento, acuerdos de concertación desde el diálogo social y la
negociación colectiva que sirvan de muro de contención a la reforma de
la Administración Local planteada por el Gobierno.
Las
propuestas de FSP-UGT pretenden minimizar los estragos que esta reforma
va a ocasionar tanto al personal al servicio de las administraciones
locales como a la propia ciudadanía.
"La medida
del Gobierno busca sólo el ahorro económico sin tener en cuenta los
servicios prestados", ha afirmado Barrera en rueda de prensa. "Con esta
reforma se perjudica no sólo a los trabajadores sino a las Comunidades
Autónomas, ya que la ley propone una reordenación de las instituciones
de las autonomías. Nuestro objetivo es orientar pactos y acuerdos desde
la Negociación colectiva".
Por su parte, Joana Mor Biosca ha
estimado que esta reforma supondría la pérdida de 300.000 puestos de
trabajo. "Llevamos aproximadamente un año estudiando los borradores de
la reforma. Nos pidieron alegaciones y nosotros hemos exigido que esta
reordenación o racionalización de la Administración local no se lleve a
cabo a costa del personal. El documento es simplemente economicista.
Quieren vaciar de contenido muchos de los servicios que prestan los
ayuntamientos, como la asistencia domiciliaria, abocando así a la
ciudadanía al repago de estos servicios".
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